La Responsabilidad Social Corporativa es una filosofía laboral, una forma de dirigir las empresas basado en la asunción y mejora de todo aquello que se deriva de la actividad de una compañía.

En la actualidad apenas existen empresas que no contemplen en sus estatutos la RSC. Esto se debe a que las empresas cada vez van asumiendo un compromiso mayor con el entorno donde se implantan.

Ese compromiso se debe a que los centros de trabajo no se limitan únicamente a crear puestos de trabajo, riqueza y mejoras en el entorno donde se ubican y comercializan, también tienen un impacto medioambiental.

Se deben identificar los impactos que la empresa pueda producir en el medio ambiente para prevenirlos y atenuar sus posibles consecuencias adversas. Seguir una política ambiental implica tener en cuenta una serie de pautas:

  1. Aplicar criterios ambientales a todos los procesos de planificación y toma de decisiones en cuestiones que afecten al medio ambiente.
  2. Cumplir la legislación ambiental del marco común europeo, estatal y de la comunidad autónoma donde se ubique la empresa y referente a su actividad. La RSC empresarial debe mejorar las condiciones medioambientales de las regiones y países donde la empresa trabaja.
  3. Implementar las herramientas necesarias para prevenir la contaminación.
  4. Utilizar racionalmente los recursos como el agua, el papel y la energía; reduciendo la generación de residuos y emisiones; y favoreciendo el reciclado. La RSC empresarial conlleva cuidar el medio ambiente con pequeñas medidas para conseguir grandes objetivos.
  5. Implicar a todos los empleados para lograr los objetivos ambientales propuestos, mediante programas de formación y sensibilización.
  6. Promover buenas prácticas ambientales entre proveedores, empleados y clientes. La RSC empresarial debe implicar a todas las personas del entorno.
  7. Promover la investigación, desarrollo y difusión del conocimiento científico y tecnológico destinado a la preservación del medio ambiente.
  8. Colaborar con las administraciones públicas y entidades del sector empresarial en la definición de una actividad económica sostenible.