Los residuos peligrosos, tal y como su propio indica son aquellos que, debido a sus peligros intrínsecos, por ejemplo, ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, pueden causar daños o efectos indeseados a la salud o al ambiente.
La opinión en cuanto a estos residuos desde la Unión Europea es que los tratamientos preferibles para su gestión son el reciclado y la valorización energética. Mientras que la eliminación solo se debería usar como último recurso. El problema se encuentra en que más del 50% de este tipo de residuos se gestiona de esta última forma.
El Tribunal de Cuentas de la UE, un órgano de control comunitario ha publicado un análisis referido a estos residuos. En él destacan la importancia de tener una mejor clasificación de ellos y un mejor rastreo para su tratamiento. Sumado a esto, solo hay seguimiento del 79 % de esos residuos en la UE, dejando una brecha del 21 % sin atender, precisa.
El destino ideal de esos residuos al final de su vida útil sería la reutilización o el reciclaje, pero únicamente el 34 % de esos desechos se trata de esa manera porque muchos resultan «no aptos» para otorgarles un segundo uso, y su reciclaje queda «limitado por dificultades técnicas y falta de oportunidades comerciales para los productos del reciclado”, señalan los auditores de la UE.
Además de esto, el Tribunal de Cuentas también comenta que el tráfico y vertido ilegal de residuos peligrosos sigue siendo un negocio lucrativo: se estima que solo el tráfico genera ingresos de entre 1.500 millones y 1.800 millones de euros. La detección, las investigaciones y los enjuiciamientos son muy infrecuentes, y las sanciones, leves.
Como parte positiva, la digitalización se perfila como una herramienta clave para rastrear mejor esos residuos y atajar ese problema, combinado con una activa lucha contra fraudes y un mecanismo de sanciones disuasorio.
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